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Irregularidades en uso de fondos para escasez hídrica en Coquimbo: Contraloría inicia sumario
La Contraloría Regional de Coquimbo ha detectado una serie de irregularidades en el traspaso y uso de recursos destinados a enfrentar la crítica escasez hídrica que afecta a la región. Según el informe N.º 415 de 2024, se evidenciaron sobreprecios, pagos irregulares y rendiciones de cuentas inconsistentes en varios municipios, lo que ha llevado a la Contraloría a iniciar un sumario y enviar los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La auditoría también reveló irregularidades en las rendiciones de cuentas de las municipalidades de Salamanca y Andacollo. Ambas entidades recibieron fondos para solucionar deudas con proveedores de agua potable, pero se constató que ya habían pagado esos consumos en 2020. Por lo tanto, al momento de rendir los gastos ante la Delegación Presidencial Regional (DPR), no tenían deudas pendientes. La Contraloría ordenó a la DPR solicitar la restitución de los recursos por un monto total de $45.926.197, lo que deberá informarse en un plazo de 30 días hábiles.
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La Contraloría Regional de Coquimbo ha detectado una serie de irregularidades en el traspaso y uso de recursos destinados a enfrentar la crítica escasez hídrica que afecta a la región. Según el informe N.º 415 de 2024, se evidenciaron sobreprecios, pagos irregulares y rendiciones de cuentas inconsistentes en varios municipios, lo que ha llevado a la Contraloría a iniciar un sumario y enviar los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Sobreprecios en compras municipales
Uno de los hallazgos más alarmantes se relaciona con la Municipalidad de Ovalle, la cual adquirió cuatro bombas de 1 HP-220 V por un valor de $1.442.500 sin IVA cada una. Este precio resulta desproporcionado al compararlo con los valores publicados en Mercado Público, que oscilan entre $241.613 y $675.000, o con los informados por distintas empresas, que van desde $149.990 hasta $469.990. La Contraloría estima un sobreprecio aproximado de $767.500 por unidad, lo que equivale a un 187,95 % sobre el valor de mercado promedio.
Pagos irregulares en Punitaqui
Otro caso destacado es el de la Municipalidad de Punitaqui, que realizó un pago de $99.774.198 a tres empresas por servicios de arriendo de maquinarias, contratados mediante trato directo. Aunque las facturas electrónicas fueron emitidas el 19 de diciembre de 2022, los servicios se ejecutaron entre diciembre de 2022 y agosto de 2023. Además, los documentos emitidos por el municipio que dan cuenta del término del servicio no coinciden con las fechas reales de ejecución. Ante esto, la Contraloría ordenó a la municipalidad realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Rendiciones de cuentas inconsistentes
La auditoría también reveló irregularidades en las rendiciones de cuentas de las municipalidades de Salamanca y Andacollo. Ambas entidades recibieron fondos para solucionar deudas con proveedores de agua potable, pero se constató que ya habían pagado esos consumos en 2020. Por lo tanto, al momento de rendir los gastos ante la Delegación Presidencial Regional (DPR), no tenían deudas pendientes. La Contraloría ordenó a la DPR solicitar la restitución de los recursos por un monto total de $45.926.197, lo que deberá informarse en un plazo de 30 días hábiles.
Falta de documentación en otras comunas
Además, las municipalidades de Andacollo, Paihuano y Coquimbo adquirieron bienes y servicios por un total de $109.337.229, pero en sus expedientes de pago no se encontró un listado consolidado con la firma de los beneficiarios que registre la recepción conforme de los productos. Estas municipalidades deberán proporcionar a la DPR los antecedentes que demuestren el cumplimiento del convenio en relación con la recepción conforme por parte de los beneficiarios.
Medidas y próximos pasos
La Contraloría ha enfatizado la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en contextos de emergencia como la escasez hídrica que afecta a Coquimbo. Las irregularidades detectadas no solo representan un mal uso de fondos destinados a paliar una crisis crítica, sino que también socavan la confianza ciudadana en las instituciones.
Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades regionales y locales enfrentan el desafío de corregir estas fallas y garantizar que los recursos lleguen de manera eficiente y transparente a quienes más los necesitan. La situación en Coquimbo sigue siendo crítica, y la correcta gestión de los fondos públicos será clave para mitigar los efectos de la sequía en una de las regiones más afectadas por la crisis hídrica en Chile.
Fuente: Informe N.º 415 de 2024 de la Contraloría General de la República (CGR).
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