Mineras cuestionaron norma que las obliga a contratar vigilantes armados

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) cuestionó la norma que obliga a varias faenas contratar vigilantes armados, asegurando que aunque la seguridad es un tema que preocupa a las faenas, la medida impulsada por el Gobierno es “un poco precipitada y desmedida”.

La situación se ampara en el Decreto Ley N° 3.607, creado en 1981, que permite designar empresas como “estratégicas”, exigiendo una serie de medidas de seguridad al interior de las faenas productivas, entre ellas la contrataciones de guardias privados como trabajadores propios.

Según reveló El Mercurio este sábado, entre las faenas que fueron calificadas como estratégicas por el Estado están firmas de la mediana minería, estatales como Enami y varias empresas grandes, entre ellas BHP, Antofagasta Minerals o Teck.

“Me da la impresión de que aquí se actuó de una manera un poco precipitada y sin ninguna base. Evidentemente que esto tiene un costo que se viene a agregar todos los otros costos y un montón de otras cosas que se están pidiendo. Esta es una medida que de alguna manera parece un poco desmedida”, cuestionó el presidente de Sonami, Jorge Riesco.

En esta línea, descartó que quieran “minimizar la situación de seguridad, porque la verdad es que nuestras empresas nos han dado a entender que efectivamente es algo bastante importante, bastante grave, pero pareciera que estamos con soluciones que son más bien propias de otras latitudes”.

Asimismo, desde el Consejo Minero -que agrupa a las empresas de gran tamaño-, su presidente, Joaquín Villarino, indicó que se trata de “una mala noticia, porque si
los privados tienen que armarse, estamos dando una señal muy mala al sistema. Además, los robos en esta industria no se producen en los yacimientos mineros, se producen en los traslados, que es donde no hay autorización para tener personal armado”.

LA EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO
La norma también es cuestionada porque el decreto dejará de existir una vez que entre en vigencia la reciente Ley de Seguridad Privada aprobada en el Congreso.

Respecto a esta situación, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explicó a El Mercurio que si bien el 14 de marzo pasado se promulgó esta nueva ley, “para que entren en vigencia esas reglas se tienen que elaborar los reglamentos, lo que presentaremos en tres meses, tal como solicitó el Presidente Boric”.

“Desde ese momento, deben transcurrir seis meses para derogar el antiguo régimen del Decreto Ley N° 3.607 y la Ley N° 19.303, por tanto, hasta que eso ocurra, sigue en vigor”, puntualizó la autoridad.

En cuanto la designación de empresas como estratégicas, Vergara detalló que se concretaron tras un informe de Carabineros, que encontró “vulnerabilidades de seguridad y ausencia de medidas” que llevaron a la policía uniformada -de oficio- solicitar la medida, “lo que fue atendido por parte del Ministerio del Interior por ser un riesgo para las personas y para los bienes”.